Autónomos y empresas están obligados desde la aprobación de la Ley Crea y Crece, impulsada por el Gobierno, a emitir sus facturas de forma electrónica para las relaciones profesionales comerciales. Esta afecta a las operaciones entre empresarios y profesionales, pero no a clientes y consumidores finales. La medida se enmarca en la política estatal de digitalización empresarial, reducir costes y facilitar la transparencia mercantil al generar un archivo de movimientos.
Objetivos de la factura electrónica
El reciente escenario generado por la pandemia anticipó el salto de muchos autónomos y empresas a un entorno digital. El objetivo principal de la facturación electrónica es la lucha contra la morosidad y acelerar la transición digital.
- Morosidad: la factura electrónica facilita el seguimiento de estas y los plazos de pago.
- Reducción de costes: abarata las operaciones comerciales.
- Acelera la digitalización: las empresas adaptan su gestión interna a un escenario digital. Sirve, además, de estímulo a las empresas para el uso de medios electrónicos.
- Sostenibilidad: ahorra el consumo de papel con el impacto medioambiental que supone.
Cuándo entra en vigor
Para autónomos y empresas con una facturación superior a ocho millones de euros, su implantación será efectiva al año siguiente de aprobarse la ley. Para el resto de los profesionales, el margen es de 24 meses, por lo que disponen de un año más de carencia. Así, la implantación definitiva de la facturación electrónica debe ser una realidad antes del 29 marzo de 2023 y desde ahí comienza a contar el reloj. Por lo tanto, para el primer caso, su aplicación llegará en el primer trimestre de 2024 como máximo y de 2025 para el segundo.
A quién afecta la facturación electrónica obligatoria
La Ley Crea y Crece está dirigida a los profesionales, proveedores y empresas. Por lo tanto, la obligación de emitir facturas electrónicas no afecta al cliente/consumidor final, si bien este tiene la posibilidad de recibirlas si las solicita de forma expresa. Será responsabilidad de las empresas facilitar el acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan recibir, descargar o imprimir de forma gratuita sus facturas.
La regulación establece sanciones de hasta 10.000 euros para quienes no cumplan con la ley y retrasen la incorporación de la facturación electrónica obligatoria.
La oportunidad del Kit Digital
El Gobierno lanzó hace unos meses una campaña denominada bono Kit Digital, que tiene como objetivo modernizar el tejido productivo en España. Consiste en ayudas a la digitalización de las empresas, pymes y autónomos por tramos de facturación y número de trabajadores. Es una oportunidad para acceder a subvenciones con las que facilitar la transición a la factura electrónica.